El Gobierno de Pedro Sánchez, en el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal elaborado por el Ministerio de Hacienda, y actualmente en trámite parlamentario, ha introducido una propuesta todavía más ambiciosa, que pretende reducir a tan solo 1.000 euros el techo legal máximo para las operaciones en metálico en las que tomen parte profesionales o empresarios.

La norma, no obstante, introducía una excepción a este límite para los particulares bajo el argumento de “minimizar los efectos colaterales de la medida en las pequeñas economías domésticas” y optaba por mantener el límite de 2.500 euros “para los pagos realizados por las personas físicas que no actúen en calidad de empresarios y profesionales”.

Por Abián

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