El Tribunal Supremo tumba las semilibertades de Junqueras y el resto de condenados por el 1-O al considerarlas “prematuras”.
La Sala de lo Penal destaca que es preciso que transcurra un período de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte.
Tras la decisión del Supremo, el régimen de semilibertad queda ahora suspendido para todos ellos, pero el Gobierno ya trabaja en un posible indulto que le permite sortear al Supremo: a diferencia del tercer grado, su adopción corresponde al Consejo de Ministros y, por mucho que la Fiscalía, el tribunal o incluso la Abogacía del Estado emitan informes contra su aplicación, estos no tienen efecto suspensivo ni Moncloa está obligada a atender los mismos.
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