Okupas un problema social a erradicar

Los okupas aprovecharon el encierro debido a la pandemia para ingresar y instalarse en edificios que sus dueños dejaron vacíos debido al estado de emergencia. Una acción cobarde de Okupas que no es de interés prioritario para el gobierno Español.

Según el Ministerio del Interior, las ocupaciones ilegales han aumentado casi un 50% desde 2016, y un 20% entre 2018 y 2019, llegando a casi 15.000 ocupaciones registradas el año pasado.

El problema de los okupas (okupas) se ha convertido en un desafío al que se enfrenta toda la sociedad española, empezando por el gobierno; hasta ahora, las autoridades públicas nunca lo han logrado. Peor aún, algunas administraciones han establecido un marco regulatorio que favorece este fenómeno en detrimento del derecho fundamental a la propiedad privada, que sin embargo está bien consagrado en la Constitución. Todo ello genera una enorme vaguedad e inseguridad jurídica que aún no resuelve el problema básico: el de dar otra posibilidad de vivienda a grupos sociales vulnerables.

Los okupas ya no son personas en situación precaria
Los okupas ya no son personas en situación precaria

¿QUIÉNES SON LOS OCUPANTES ILEGALES?

Los ocupantes ilegales eran principalmente personas en situación precaria, pero ahora su perfil ha cambiado: ya no son personas tan precarias, que trabajan en bandas organizadas y viven de esta actividad que se ha vuelto muy lucrativa.

Estos okupas profesionales incluso se presentan a los tribunales “con los últimos smartphones”, declara el juez de primera instancia de Barcelona Fernando Valdivia, quien piensa que “el populismo dentro de la administración no ayuda”.

También hay profesionales que conocen el momento perfecto para hacerse cargo de una obra nueva, al entregar las llaves a los verdaderos propietarios o inquilinos. Cambian las cerraduras y ocupan casi todo el edificio y luego “ofrecen” los apartamentos por 1.200 € o 1.500 € a las personas que realmente quieren montar una okupa. Tal organización es posible gracias a la asistencia logística de mafias que les proporcionan contratos y claves falsos. También cuentan con el apoyo de organizaciones y asociaciones políticas, como Okupar Barcelona, ​​que brindan todos los consejos necesarios para una okupación exitosa.

Es el propietario quien debe emprender acciones legales por sí mismo
Es el propietario quien debe emprender acciones legales por sí mismo

PERO, ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA POLICÍA?

Enrique Vendrell, coordinador del Consejo General de Administradoras de la Propiedad en España, señala que “en el sistema penal, basta con que los okupas digan que actuaron por necesidad o que alguien les ha ‘cedido’ el alojamiento para escapar frase “. Si, como suele ser el caso, los ocupantes ilegales impiden la entrada de la policía, el propietario debe emprender acciones legales por sí mismo. La invocación de un posible delito de usurpación de bienes no implica, por tanto, un desenlace rápido y efectivo, ya que es necesario esperar a que se dicte sentencia antes de poder esperar el desalojo de los ocupantes.

La falta de medios y recursos provoca un retraso considerable que no permite garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva: es esta disfunción la que beneficia a los ocupantes y organizaciones, perfectamente conscientes de las deficiencias e inconsistencias del sistema judicial y de la lentitud de los procedimientos.

El famoso procedimiento de “desalojo express” para luchar contra las ocupaciones ilegales no dio sus frutos porque a pesar de un plazo de 5 días (a partir de la denuncia) para presentar un documento justificando la presencia de los ocupantes ilegales bajo pena de expulsión después de 20 días, los ocupantes ilegales simplemente proporcionan contratos de alquiler falsos u otros documentos, también falsos, que los exoneran. En la actualidad, se necesitan al menos 7 meses para recuperar la posesión de su hogar.

En la actualidad, se necesitan al menos 7 meses para recuperar la posesión de su hogar
En la actualidad, se necesitan al menos 7 meses para recuperar la posesión de su hogar

¿CÓMO REDUCIR EL NÚMERO DE CASOS?

Se trata de modificar la ley que regula los procedimientos penales para implementar medidas específicas que permitan a la policía intervenir en el local tan pronto como el propietario presente la denuncia.

También se está considerando otorgar poderes específicos a los ayuntamientos para luchar contra las ocupaciones ilegales: se les podría autorizar a emitir un juicio verbal y así evitar que las víctimas pasen por los tribunales porque las okupas dañan el barrio y generan problemas de seguridad Conflictos.

Concretamente, para que la ley sea realmente efectiva, es fundamental que se respete correctamente y que los jueces no caigan en las trampas de los okupas para ahorrar tiempo.

Algunos quieren ir más allá proponiendo modificar el código penal y aumentar la pena asociada al delito de robo de propiedad con una pena mínima de prisión, y no más una simple multa. Otros proponen posibilitar la gestión de las excusas de los órganos administrativos responsables de la aplicación de la ley en España. Los procedimientos judiciales solo se llevarían a cabo una vez que la okupa haya sido desmantelada, en caso de violación de los derechos de los ocupantes. En otras palabras, se trataría de revertir el orden actual del proceso.

Por Abián

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies